UNIVERSITARIOS: LA DIGNIDAD NO SE JUBILA Y LOS DERECHOS TAMPOCO. 17 09 2026

Durante más de dos décadas, el régimen chavista ha convertido la injusticia, el abuso de poder y la violación sistemática de normas, reglamentos y leyes laborales en una política de Estado. La destrucción de las escalas salariales, el desconocimiento de los reconocimientos profesionales y el trato indigno impuesto a los trabajadores universitarios constituyen una afrenta contra los derechos humanos y contra la educación venezolana.

Este gobierno ha demostrado un desprecio absoluto por los profesores jubilados al excluirlos del pago del bono de responsabilidad académica, pese a que dicha exclusión contradice disposiciones legales y convenciones colectivas suscritas por el propio Estado con las organizaciones gremiales. No se trata de un hecho aislado, sino de una práctica sostenida desde los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, continuada por sus principales operadores políticos y ministeriales.

La impunidad y la soberbia con las que han actuado responden, en buena medida, a la falsa convicción de que nunca tendrían que rendir cuentas. Sin embargo, llegará el momento en que la opacidad de estas decisiones quedará expuesta y sus responsables deberán responder ante la sociedad y ante la justicia. Un caso emblemático es el Memorándum 2792, emanado del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. al igual que el Instructivo ONAPRE de 2022, porque ambos instrumentos expresan una misma lógica: Limitar Derechos Laborales

Una muestra de la actitud de la gente de Delcy y sus ministros, Asimismo, ordenó “revisar” las escalas salariales acordadas en convenciones colectivas; una expresión burocrática utilizada para encubrir recortes, eliminaciones y desconocimientos de derechos adquiridos. Ahora, mediante el mismo patrón de arbitrariedad, se pretende desconocer la IV Convención Colectiva Única de los Trabajadores Universitarios, publicada en la Gaceta Oficial N.º 42.436, de fecha 9 de agosto de 2022. Dicha convención establece que los trabajadores jubilados deben disfrutar de los beneficios otorgados a los trabajadores activos. No es una concesión graciosa: es un derecho reconocido y exigible.

El intento de excluir a los jubilados revela no solo desprecio por la legalidad, sino también una profunda incomprensión del papel que desempeña la comunidad universitaria. En las universidades trabajan investigadores, docentes y profesionales cuyo conocimiento sostiene la ciencia, la formación y el desarrollo del país. Pretender someterlos mediante la arbitrariedad administrativa es una ofensa contra la inteligencia nacional.

Es injusto e inhumano negar los derechos de quienes dedicaron décadas de su vida a formar profesionales, investigar, producir conocimiento y sostener, en medio de carencias extremas, a unas universidades profundamente maltratadas. Los profesores jubilados no son una carga ni un sector descartable. Son parte esencial de la historia y del patrimonio intelectual de Venezuela. Merecen respeto, protección y el cumplimiento íntegro de los derechos que conquistaron con su trabajo.

Negarles beneficios legalmente establecidos no es una simple irregularidad administrativa: es una forma de violencia institucional.  Como ha quedado expresado por voceros del propio chavismo, su proyecto nunca tuvo como propósito liberar a la población de la pobreza, sino mantenerla sometida y dependiente. La política aplicada contra los trabajadores universitarios confirma esa visión: empobrecer, dividir, silenciar y castigar a quienes piensan con autonomía. Lucha y calle hasta el final.

Dr., Psicólogo y Profesor Universitario Jubilado- José Ernesto Pons B – “El dinero rinde, cuando no hay quien se los robe. Nayib Bukele.