LA INDIGNIDAD EN LA PERSECUCIÓN CONTRA LOS EXTRANJEROS 12 09 2026

La política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump contra las personas extranjeras constituye una grave expresión de desprecio hacia la dignidad humana. Presentar a quienes migran como delincuentes, invasores o amenazas colectivas no solo fomenta el odio y la xenofobia, sino que también deshumaniza a millones de personas que, en muchos casos, huyen de la pobreza, la violencia, la persecución política o la falta de oportunidades.

Ningún ser humano pierde sus derechos por encontrarse fuera de su país de origen o por no tener una situación migratoria regular. La dignidad, la integridad física, la libertad y el derecho a un debido proceso no dependen de la nacionalidad. Sin embargo, las políticas de persecución, detención y deportación masiva han expuesto a personas extranjeras a procedimientos arbitrarios, separación familiar, encierros prolongados y condiciones indignas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha sido denunciado en numerosas ocasiones por detenciones injustificadas, abusos de autoridad, falta de atención médica adecuada, hacinamiento, negligencia y dificultades para acceder a abogados y tribunales; al mismo estilo del Fascismo Nazi. Cuando una persona es detenida sin información clara sobre sus derechos, separada de sus hijos o sometida a tratos degradantes, no estamos ante una simple aplicación de la ley: estamos ante una posible violación de los derechos humanos.

También resulta especialmente grave la criminalización de quienes solicitan asilo. El derecho internacional reconoce que toda persona perseguida tiene derecho a solicitar protección. Rechazarla automáticamente, devolverla a un lugar donde corre peligro o impedirle presentar su caso ante una autoridad imparcial puede violar el principio de no devolución, una garantía esencial del derecho internacional de los refugiados.

La separación de familias constituye una de las formas más crueles de violencia institucional. Niños y niñas han sido apartados de sus padres como consecuencia de decisiones administrativas que desconocen el impacto psicológico y emocional de esas medidas. El trauma, la ansiedad, la depresión y la incertidumbre pueden acompañar a estas familias durante toda la vida. Ninguna política migratoria debería utilizar el sufrimiento infantil como mecanismo de intimidación o castigo.

La defensa de las fronteras y la regulación de la inmigración pueden ser responsabilidades legítimas de un Estado, pero no pueden ejercerse al margen de los derechos humanos. La seguridad no justifica la tortura, el racismo, la detención arbitraria, la separación familiar ni la negación del debido proceso. Tampoco puede aceptarse que la condición migratoria sea utilizada para justificar humillaciones, abusos o la negación de atención médica y asistencia jurídica.

Perseguir a las personas extranjeras por su origen, idioma, apariencia o situación documental contradice los principios de igualdad y no discriminación. Una sociedad democrática no se mide únicamente por la forma en que trata a sus ciudadanos, sino también por el trato que brinda a quienes se encuentran en una posición de vulnerabilidad. ¿Que hubiese dicho el Presidente Washington o Lincoln ante tal atrocidad? Este tipo Estado así, no lo deseamos, pero si por un Estado Asociado, donde la constitución y nuestro linaje gentil, abierto permanezca en el corazón de Venezuela.

Dr. José E. Pons B./ @JosePonsB / autor del Libo: Estado Psicosocial Latinoamericano.