“El nuevo contexto político del país” Exposición del profesor: Dr. Pedro Nikken.1ª Entrega

 REUNIÓN DE ANÁLISIS DEL NUEVO ESCENARIO NACIONAL 2011

CARACAS, 4 DE ENERO DE 2011.

Se reducen las sesiones a una semanal y limita el tiempo que puede usar un parlamentario en los debates a diez minutos máximo y a tres minutos de réplica. Para privar a los 65 diputados que eligió la oposición del ejercicio real de su mandato, se ha procedido a sepultar al parlamento como tal. Se ha configurado así un verdadero golpe de estado contra la Asamblea Nacional elegida el 26 de septiembre de 2010, a la que se pretende condenar a ser un parlamento que no legisla y que no debate.

Adicionalmente, la Asamblea Nacional saliente ha aprobado, sin un debate abierto y participativo en su seno ni en la sociedad, un conjunto de leyes que se apartan del concepto de Estado federal descentralizado pautado en la Constitución de 1999 para sustituirlo por el Estado comunal centralizado, con lo que se culmina un proceso ilegítimo iniciado hace dos años destinado a dar vida, por la vía legislativa, a la reforma constitucional  propuesta por el Presidente de la República en 2007 y rechazada por el pueblo en el referéndum que tuvo lugar el 2 de diciembre  de esa año.

Se consolida una reordenación territorial fundada en las denominadas comunas y la creación de un “Poder Popular”, no previstos en la Constitución; se sustituye al municipio como “unidad política primaria de la
organización nacional”, como lo pauta la Constitución, por la comuna y se pretende despojar, en cambio, de sustanciales competencias a órganos constitucionales electos popularmente, como lo son los alcaldes municipales y los gobernadores estadales.

Adicionalmente, a través de una ley especial, se ha concebido un   “sistema económico comunal” al margen y en contra de la Constitución, en el cual se impone el llamado modelo productivo socialista, se crea una banca comunal, se ignora la propiedad privada y se la sustituye por una indefinida “propiedad social”, se introduce una “moneda comunal” al margen del Banco Central de Venezuela y establece el trueque como medio institucional de comercio de bienes y servicios.

Esta estructura, que afecta a todos los estados y municipios, es particularmente nociva en las entidades territoriales donde el partido de gobierno perdió las elecciones, pues se traduce en el desplazamiento de alcaldes y gobernadores electos por el pueblo
conforme a la Constitución por funcionarios y entidades no constitucionales, que obedecen las líneas y directrices del Presidente de la República.

Este es un punto de inflexión en la asfixia a la sociedad y a la disidencia, característica que no limita el momento  político actual a los riesgos de autoritarismo, sino a que el Estado cope todos los espacios del cuerpo social, en un proyecto totalitario.

Dr. P. Nikken
  

II.La asfixia de la sociedad: el totalitarismo

Otras leyes vulneran las reglas del juego democrático y evidencian franca contradicción con disposiciones explícitas de la Constitución de 1999,  con el inocultable propósito de ahogar y penalizar a quienes disienten del proceso político impulsado por el Presidente Chávez.

Entre éstas se encuentran una reforma a la ley que rige los medios de comunicación audiovisuales, que restringe aún más la libertad de expresión y que afecta incluso la libertad de utilización de Internet en Venezuela; una ley con conceptos vagos que permite sancionar a las organizaciones de derechos humanos que reciban financiamiento de la solidaridad internacional, como se autoriza y promueve en cánones aprobados por las Naciones Unidas; y una ley que priva a las
universidades del pluralismo y la autonomía que son de su esencia y que les reconoce la Constitución.

 Se trata de sofocar todo foco de disidencia, con la imposición de un pensamiento único o, lo que es peor, de abolir el pensamiento crítico y abatir el pluralismo democrático. Adicionalmente, se han agudizado las confiscaciones de la propiedad privada. Se ha burlado la norma constitucional según la cual “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.”

Con el apoyo de la Fuerza Armada, vale decir, de las armas de la República, se ocupan tierras, inmuebles e instalaciones industriales y comerciales productivas, sin  juicio de expropiación ni pago de indemnización. Se avanza así hacia el estado propietario de los bienes de producción, conforme a los reconocidos cánones del llamado socialismo real.

Por último, pero no por ello menos importante, el Consejo Nacional Electoral, con una composición aún más radicalizada de partidarios del gobierno, ha establecido nuevas restricciones a la observación electoral. Se suprimió, en la práctica, la observación internacional, mientras que se ha sometido a la observación nacional a restricciones inadmisibles, como la confidencialidad de sus resultados.

Tras una amenaza de cancelar el reconocimiento de Ojo Electoral como observador nacional en las elecciones parlamentarias de septiembre, no se lo acreditó como tal en las elecciones parciales del 5 de diciembre. Las elecciones de 2012 se avizoran así como un evento en el cual el Presidente Chávez no invitará al electorado a reelegirlo sino que le ordenará así hacerlo.

Caracas 04 de Enero 2011

Venezuela.

1ª Entrega