CUANDO LOS ESCOMBROS AUDITAN AL ESTADO - 1ª PARTE y 2ª PARTE.

CUANDO LOS ESCOMBROS AUDITAN AL ESTADO 1ª PARTE

Los terremotos no distinguen entre gobiernos de izquierda o de derecha, entre democracias o regímenes autoritarios, entre países ricos o pobres. La naturaleza no vota, no milita, no negocia ni entiende de ideologías. Pero cuando la tierra deja de temblar comienza una evaluación mucho más profunda que la del fenómeno geológico: la auditoría de las instituciones. Los edificios derrumbados, las carreteras colapsadas, los hospitales desbordados, la desesperada búsqueda de maquinaria pesada, la escasez de equipos especializados de rescate y la necesidad de solicitar apoyo humanitario externo no son únicamente consecuencias de un desastre natural. También constituyen indicadores de la calidad del capital público acumulado por un país y de la capacidad real de su Estado para proteger la vida de sus ciudadanos cuando ocurre una emergencia extraordinaria.

Toda catástrofe natural termina convirtiéndose en una prueba de economía pública. Un terremoto no pregunta cuánto dinero ingresó al Estado durante décadas de bonanza; pregunta cuánto patrimonio público quedó después de administrar esos recursos. No mide el tamaño de los presupuestos aprobados, sino la fortaleza de los hospitales que continúan funcionando, la resistencia de los puentes que permanecen en pie, la disponibilidad de ambulancias, la capacidad logística de los organismos de protección civil y la rapidez con la que una nación puede movilizar sus recursos para salvar vidas. En otras palabras, los terremotos no evalúan discursos políticos; evalúan resultados.

Durante el período comprendido entre 1999 y 2014, Venezuela administró una de las mayores bonanzas fiscales de toda la historia de América Latina. Diversas estimaciones económicas sitúan los ingresos públicos acumulados, sumando renta petrolera e ingresos no petroleros, entre 1,5 y 1,9 billones de dólares. Nunca antes un gobierno venezolano había dispuesto de semejante volumen de recursos financieros. Aquellos años estuvieron marcados por un discurso oficial que proclamaba la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, sustentado en una inversión social sin precedentes y en la expansión de los bienes públicos. Se anunciaron miles de obras de infraestructura, hospitales, escuelas, universidades, viviendas, carreteras, sistemas eléctricos y proyectos estratégicos que, según se afirmaba, transformarían de manera permanente la calidad de vida de los venezolanos.

Sin embargo, la economía pública enseña una diferencia fundamental que con frecuencia desaparece del debate político: gastar mucho no significa necesariamente invertir bien. El éxito de un Estado no se mide por la magnitud del gasto ejecutado, sino por la calidad, productividad y permanencia de los activos que ese gasto genera. Un presupuesto puede agotarse en cuestión de meses; un hospital bien construido debe servir durante medio siglo. Una ambulancia puede adquirirse en un día; un sistema nacional de atención de emergencias requiere décadas de planificación, mantenimiento, capacitación y renovación tecnológica. La verdadera riqueza pública no está representada por el dinero que pasó por las cuentas del Estado, sino por el patrimonio institucional y físico que permanece cuando los recursos extraordinarios desaparecen.

Por ello, la pregunta realmente importante no es cuánto gastó el Estado venezolano durante la bonanza petrolera. La pregunta que hoy formulan silenciosamente los escombros es mucho más incómoda: *¿dónde está ese patrimonio público? ¿Dónde se encuentran las capacidades institucionales que debieron construirse con una de las mayores rentas petroleras de la historia contemporánea? ¿Cómo explicar que un país que administró recursos cercanos a dos billones de dólares enfrente dificultades para responder con rapidez a una emergencia de gran magnitud?

Las imágenes y testimonios difundidos durante la reciente tragedia muestran una realidad que ha generado una profunda reflexión pública. Numerosos ciudadanos relataron la ausencia de equipos especializados de rescate, la insuficiencia de maquinaria pesada, la escasez de medicamentos, las limitaciones hospitalarias y la necesidad de esperar la llegada de ayuda nacional e internacional para fortalecer las labores de atención. Más allá de las diferencias políticas, esas percepciones expresan una preocupación legítima sobre la capacidad operativa del Estado frente a un desastre excepcional.

Una catástrofe natural jamás debería transformarse en una catástrofe institucional. Sin embargo, ello ocurre cuando durante años se posterga el mantenimiento de la infraestructura, se debilitan las capacidades técnicas del Estado, se reduce la inversión en prevención y la planificación pública deja de responder a criterios técnicos para privilegiar prioridades coyunturales. Las sociedades no improvisan resiliencia en medio de una tragedia; la construyen durante décadas mediante instituciones sólidas, inversión eficiente y una gestión pública orientada al largo plazo.

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

Profesor Universitario 25 06 2026

LOS TERREMOTOS NO DESTRUYEN INSTITUCIONES; SIMPLEMENTE REVELAN LAS QUE YA ESTABAN DESTRUIDAS.   2ª PARTE

La literatura económica ha insistido durante décadas en esta idea. Douglass North explicó que el desarrollo depende de instituciones capaces de preservar los incentivos adecuados y proteger el patrimonio colectivo. James Buchanan advirtió que el volumen del gasto público dice muy poco sobre su eficiencia si no existe control ciudadano y responsabilidad fiscal. Daron Acemoglu y James Robinson mostraron cómo las instituciones extractivas tienden a utilizar los recursos públicos para preservar estructuras de poder, mientras las instituciones inclusivas los convierten en crecimiento económico, infraestructura de calidad y bienestar sostenible. Desde esa perspectiva, la tragedia venezolana invita menos a una confrontación ideológica que a una reflexión sobre la calidad institucional y sobre la forma en que se administró una riqueza excepcional.

Existe además un aspecto que rara vez ocupa titulares, pero que constituye uno de los pilares de la economía del sector público: la prevención es también un bien público. La mejor inversión estatal no siempre es aquella que produce la inauguración más vistosa o el anuncio más espectacular, sino aquella cuya existencia apenas se percibe porque evita que una tragedia alcance dimensiones catastróficas. La educación ciudadana en gestión del riesgo, la aplicación estricta de normas de construcción sismorresistente, los simulacros permanentes, la planificación territorial, el mantenimiento de hospitales, la disponibilidad de equipos especializados y el fortalecimiento continuo de los organismos de protección civil representan inversiones silenciosas cuyo verdadero valor solo se aprecia cuando ocurre un desastre. Los propios materiales revisados enfatizan que la preparación técnica, el cumplimiento de las normas de construcción y la educación de la población son elementos determinantes para reducir las pérdidas humanas durante un evento sísmico.

Paradójicamente, mientras muchas instituciones parecían enfrentar limitaciones, la sociedad venezolana ofreció una de las respuestas más conmovedoras de toda la tragedia. Vecinos rescatando vecinos con sus propias manos, ciudadanos donando sangre espontáneamente, familias abriendo sus hogares para quienes lo perdieron todo y comunidades organizándose sin esperar instrucciones demostraron que la solidaridad continúa siendo uno de los mayores patrimonios del país. Esa capacidad de cooperación espontánea refleja la fortaleza moral de una sociedad que, incluso en las circunstancias más adversas, conserva la voluntad de proteger a los suyos.

Sin embargo, la solidaridad ciudadana no puede convertirse en una política pública permanente. Los ciudadanos pueden rescatar personas durante las primeras horas; no pueden sustituir hospitales especializados. Pueden organizar centros de acopio; no pueden reemplazar un sistema nacional de emergencias. Pueden compartir alimentos; no pueden mantener la infraestructura crítica de un país. Cuando la capacidad de organización espontánea de la sociedad supera la capacidad de respuesta de las instituciones estatales, el problema deja de ser exclusivamente presupuestario y se convierte en un problema de calidad institucional.

En este contexto resulta imposible ignorar otro componente del debate. Durante años, diversos organismos internacionales documentaron un deterioro sostenido de los indicadores de transparencia, control de la corrupción y calidad institucional en Venezuela. Paralelamente, numerosas investigaciones periodísticas, informes especializados y procesos judiciales revelaron presuntos esquemas de corrupción asociados a contratos públicos, empresas estatales, fondos extrapresupuestarios y mecanismos paralelos de administración de la renta petrolera.

 Aunque el monto exacto del daño económico continúa siendo objeto de discusión y no existe una cifra única oficialmente auditada, existe un amplio consenso en la literatura económica respecto a que la corrupción disminuye la eficiencia técnica del gasto público, deteriora la inversión en infraestructura, reduce la calidad de los bienes públicos y debilita la capacidad del Estado para responder eficazmente a las necesidades de la población. No obstante, sería intelectualmente incorrecto atribuir toda la responsabilidad exclusivamente a la corrupción. También influyeron decisiones de política económica, problemas de gestión, deterioro del mantenimiento, pérdida de capacidades técnicas, la contracción de la inversión privada y otros factores internos y externos que contribuyeron al debilitamiento institucional. Precisamente por ello, el análisis serio debe evitar las simplificaciones y concentrarse en los resultados observables.

Al final, los escombros no participan en debates ideológicos. No conocen propaganda ni distinguen entre oficialismo y oposición. Simplemente hablan. Hablan de edificios que resistieron y de otros que colapsaron. Hablan de hospitales preparados y de hospitales insuficientes. Hablan de organismos de emergencia capaces de actuar y de capacidades que deben fortalecerse. Hablan, en definitiva, de la distancia que puede existir entre el relato político y la capacidad efectiva del Estado para proteger a sus ciudadanos.

Los terremotos son inevitables. Las malas decisiones públicas no. Cuando la tierra deja de temblar comienza la auditoría más rigurosa que puede enfrentar cualquier gobierno, una auditoría que no realizan las contralorías ni los tribunales, sino la realidad misma. Porque la verdadera medida de una bonanza petrolera no es el dinero que ingresó al Estado, ni el número de discursos pronunciados, ni la cantidad de obras inauguradas, sino las vidas que las instituciones son capaces de proteger cuando la naturaleza pone a prueba todo aquello que durante años se afirmó haber construido.

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

Profesor Universitario 25 06 2026